La polémica tiene como epicentro a Paulo Pereira Cristovao, vicepresidente del club, investigado por la policía por un caso de supuesto soborno a un juez de línea, a quien supuestamente pagó 2.000 euros antes de un choque de Copa en diciembre entre el club verdiblanco y el Marítimo de Funchal. Los lisboetas ganaron 3-0 y después avanzaron hasta la final del torneo.
Pereira dimitió de su cargo después de ser encausado. La policía portuguesa registró el pasado jueves la sede del club, así como el domicilio y la empresa en la que trabaja Cristovao, un antiguo inspector de Policía responsable en la entidad del área de Infraestructuras y Patrimonio.
Pero en una tensa reunión de nueve horas, el vicepresidente logró el lunes que le restituyeran en sus funciones. El máximo dirigente, Godinho Lopes, intentó en vano que se apartara a quien era su mano derecha desde la exitosa campaña electoral de 2011.
Para enmarañar aún más las cosas, ayer se abrió una investigación judicial contra el exjugador Joao Pinto, a quien se acusa de haber cobrado en negro tres millones de euros en el año 2000, lo que supone un fraude fiscal cercano a los 600.000 euros.
Sa Pinto no quiere que la agitación afecte a los jugadores. El lunes comunicó que desde ese mismo día los entrenamientos serían a puerta cerrada en La Academia - la factoría de talentos del conjunto portugués- y que el equipo solo hablará a los periodistas en aquellas comparecencias a las que obligan los organismos oficiales. Es decir, en la rueda de prensa previa de hoy y en la posterior de mañana tras el encuentro contra el Athletic.
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